En muchos países, la seguridad privada está estrictamente regulada, ya que, aunque no tiene las mismas facultades que la seguridad pública (como arrestar personas o hacer investigaciones sin orden judicial), debe operar dentro de los límites legales. Por lo tanto, las empresas y profesionales de la seguridad privada deben cumplir con normativas relacionadas con la capacitación del personal, el uso de armas (si aplica), y las condiciones de contratación y operación de los servicios.